Los más de un millón de turistas que visitan Washington cada año suelen fotografiarse a los pies del Capitolio o frente a los jardines de la Casa Blanca. Como si se tratara de monumentos, ambas imágenes representan en la mente de los visitantes una suerte de esculturas del poder global.
Pero si usted decide pasar un tiempo más prolongado en la capital estadounidense y se sumerge sólo unos centímetros en las espesas aguas del poder de la ciudad, sabrá que esa colección fotográfica no está completa a menos que incluya una imagen de la calle K: el llamado "reino del lobby".
Este reino no es pequeño. Según cifras oficiales, la industria del lobby reportó para sus gestores más de US$ 2,500 millones en ingresos durante el año pasado, el doble de lo registrado nueve años atrás. Y en este boom, los intereses y chequeras de gobiernos y empresas latinas tienen mucho qué decir.
Muy distinto de los prejuicios que el término despierta en muchos países de la región, contratar servicios de lobby en Washington no es muy diferente a contar con una firma de abogados, una compañía de relaciones públicas o un servicio de auditoría contable.
Empresas, asociaciones, gobiernos, partidos políticos, cámaras, cualquiera que tenga un interés puesto en Washington, ya sea a nivel doméstico o internacional, se dirige hacia los despachos desperdigados entre los edificios de la calle K.
De estos, tres son los nombres que más resuenan: Patton Boggs LLP, Cassidy & Associates y Akin Gump, los primeros en la lista de ingresos según el Centro para Respuestas Políticas, una organización sin fines de lucro dedicada a investigar los movimientos de dinero en esta industria. Sólo durante 2006 Patton Boggs obtuvo cerca de US$35 millones por sus servicios.
AMPLIO MENÚ
El menú que los lobbistas son capaces de servir a sus clientes es variado. Incluye presupuesto federal, impuestos, salud, comercio y transporte.
Por ejemplo, durante 2007, las firmas de lobby han presentado 3,757 informes relacionados con asuntos de presupuesto, mientras en comercio la cifra alcanza a 1,758.
Entre los "peces gordos" que están detrás de estas jugadas, dispuestos a invertir millones de dólares en influencias, figuran empresas como Verizon, General Motors, Exxon Mobil, además de agrupaciones como la Asociación Nacional de Bienes Raíces.
América Latina no está ajena al mundo de la calle K. Muy por el contrario, su presencia se ha expandido de la mano de los intereses de privados y gobiernos de la región que necesitan interactuar con las autoridades en Estados Unidos, lo que sumado a la mayor influencia que cada día adquieren los lobbistas hispanos, transforman a la región en uno de sus actores principales.
De acuerdo con el informe del Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), que supervisa el lobby contratado por gobiernos y partidos políticos foráneos dentro de Estados Unidos, los primeros seis meses del 2006 hubo un total de 429 contratos que representaron 608 entidades extranjeras. Dentro de América Latina, México y Colombia lideraron la avanzada.
En el caso de México, diversos departamentos de Gobierno, además del Senado, contrataron firmas de lobby, y gastaron alrededor de US$2.5 millones. Dentro de los principales temas en agenda para el Gobierno figuraron: seguridad en la frontera, promoción de estabilidad política y económica, fortalecimiento de relaciones estratégicas con Estados Unidos, reforma inmigratoria, posibles problemas en las relaciones comerciales entre ambos países y difusión del turismo.
El propio presidente Felipe Calderón, durante la campaña presidencial, contrató a la firma Zemi Communications para obtener "asistencia y consejo para la preparación de reuniones con medios de comunicación y líderes de opinión estadounidenses, para comunicar las posiciones y propuestas del candidato a las diversas audiencias de Estados Unidos y monitorear las publicaciones de la prensa nacional con relación a las elecciones presidenciales mexicanas".
Una misión que los directivos de Zemi calificaron como pro bono, por lo que no existe registro de pagos en los archivos de FARA.
El lobby a favor de Colombia también ha aumentado considerablemente durante el último período, especialmente por la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) pendiente en el Senado.
Durante los primeros seis meses del 2006, diversas entidades de Gobierno invirtieron cerca de US$1.4 millón en mejoramiento de comunicaciones, promoción del comercio y difusión de la industria del café. En concreto, el Poder Ejecutivo colombiano pagó US$175 mil a la firma CMGRP, Inc., para "mejorar la comunicación de los intereses del país dentro de Estados Unidos".
MERCADO COMPETITIVO
Manuel Ortiz, lobbista y socio de la firma Quinn Gillespie & Asociados, reconocido como uno de los personajes más destacados en su rubro por el ranking 2007 elaborado por el diario The Hill y por sus fuertes contactos con senadoras demócratas, revela que este mercado ha adquirido mucha sofisticación y se ha hecho cada vez más competitivo.
"Hay algunos países latinoamericanos que contratan varias firmas de lobby para cumplir con el mismo objetivo en diferentes sectores de influencia en Washington, y ahí la estrategia que cada firma utiliza es clave para sacar adelante los objetivos del cliente", dice el experto.
"Para ser exitoso un buen lobbista debe saber equilibrar las necesidades del cliente en cuanto a las políticas públicas involucradas, los miembros que puede tener a favor, el apoyo de las bases partidarias, maneras efectivas de enfrentar los argumentos de la oposición, políticas ambientales, ánimos políticos, etc.", añade.
Los objetivos por los que grupos empresariales desde América Latina contratan servicios de lobby en la capital de Estados Unidos son mucho más variados y específicos que en el caso de los gobiernos.
Por ejemplo, según información de la base de datos del Senado, durante el primer semestre del 2007, la Asociación de Exportadores Chilenos pagó US$20,000 a la Federal Strategies Group para trabajar en temas relacionados con la importación de citrus desde Chile y abrir conversaciones con el Departamento de Agricultura y con la oficina de Representación de Comercio (USTR).
A su vez, en el 2003, la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec), contrató a la firma Hunton & Williams para conseguir que el Congreso de Estados Unidos, en especial el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ejerciera presión en el Gobierno de Ecuador para devolver las utilidades, después de que la empresa fuera tomada por la fuerza, objetivo por el cual pagó US$120,000.
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